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El reto de alimentar a la niñez en México

Durante las últimas décadas organizaciones de la sociedad civil, instancias académicas y otros actores implicados en el estudio de la alimentación y la salud han producido una gran cantidad de evidencia en torno a las dificultades preexistentes en el acceso a una alimentación sana, variada, suficiente y estable. A estas limitaciones gradualmente se irían sumando las restricciones que la pandemia imponía a la movilidad de las personas, al desplazamiento de los alimentos a través de las cadenas de suministro y el deterioro de la capacidad económica para adquirir alimentos.

A pesar de que la política social vigente ha experimentado cambios relevantes, su instrumentación continúa siendo insuficiente para proteger a toda la población en pobreza y apoyar a aquellos que, sin encontrarse en la pobreza, permanecen en condiciones de vulnerabilidad.

En 2021, el Ranking de pobreza en Primera infancia reveló la situación de uno de los grupos más vulnerables en nuestro país. La publicación se elaboró con datos del CONEVAL, donde se identificó que la brecha de pobreza entre la población general (43.9%) y la de la Primera Infancia (54.3%) es de 10 puntos porcentuales. Es decir, pertenecer a la primera infancia en este país es un factor de vulnerabilidad y propensión a la pobreza.

En el caso de la población menor de 18 años, las estadísticas no fueron muy diferentes: el 52.6% del total se encuentra en condiciones de pobreza, por lo que este grupo también se encuentra en condiciones de mayor marginación económica que el promedio.

Alimento Para Todos reconoce la tremenda importancia de fortalecer las políticas, programas y proyectos que se despliegan para abordar las carencias de estos grupos vulnerables

La cantidad y las cualidades de las intervenciones cuyo carácter se centra en esta población se ha extendido durante los últimos años, principalmente en la Ciudad de México, sin embargo aún existen numerosas áreas de oportunidad en torno a la garantía de los derechos de los niños.

Desde la línea de batalla que libran los bancos de alimentos contra el hambre y la inseguridad alimentaria a lo largo del país queda claro que no sólo se trata de datos y números, sino de las vidas de millones de niños y niñas que experimentan violencia económica y exclusión.

Alimento Para Todos reconoce la tremenda importancia de fortalecer las políticas, programas y proyectos que se despliegan para abordar las carencias de estos grupos vulnerables especialmente ahora. Una mayor colaboración a lo largo de la cadena productiva y comercial de los alimentos puede hacer una gran diferencia en la vida de millones de niños así como prevenir los efectos irreversibles que el hambre y la malnutrición pueden provocar entre los más jóvenes.

La intersección entre alimentación, salud y educación no puede ser ignorada, es por ello que Alimento Para Todos refrenda la importancia de una constante participación entre sectores y actores sociales. Uno de los programas que la Instiución ha desplegado enfocándose en la población infantil con cierto nivel de vulnerabilidad es Back Pack Program, el cual es posible gracias a la colaboración con The Global FoodBanking Network (GFN), este tiene como objetivo reducir la deserción escolar a través de la entrega de alimentos a estudiantes de 6 a 12 años.

Involucrarnos en los retos que implica ser capaces de garantizar la alimentación digna de todos los niños y las niñas en México debe convertirse en una prioridad no sólo de las agencias de asistencia social sino de todos las partes implicadas en nuestro sistema alimentario.

A medida que se aproxima el 30 de abril, día del niño en la República Mexicana el cual tiene como objetivo “la comprensión de la población infantil, fomentar su inclusión social y realizar actividades para la promoción de su bienestar y de los derechos a los que tienen acceso como seres humanos”,  Alimento Para Todos ratifica su disposición para continuar abordando la pobreza y la inseguridad alimentaria que experimenta la niñez y hace un llamado a la participación de organizaciones, empresas, individuos e instituciones en los esfuerzos por la protección de los derechos elementales de los más jóvenes.

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