La inseguridad alimentaria refleja y refuerza la inequidad

En todo el mundo, las personas se están adaptando al doble desafío de protegerse de la COVID-19 y hacer frente a las implicaciones de las medidas que se han impuesto a las sociedades para limitar la propagación de enfermedades. Para muchos, esto ha significado un ajuste al trabajo a distancia y la soledad del distanciamiento social mientras se gestiona el cuidado familiar sin los sistemas de apoyo habituales. Para cientos de millones de personas más, significa enfrentar la pérdida de sus medios de vida y los desafíos continuos para acceder a una vivienda segura, saneamiento y otras necesidades básicas, incluida la alimentación.

La seguridad alimentaria está íntimamente ligada a la pobreza y depende de los determinantes sociales básicos de la salud, como el empoderamiento de las mujeres y las niñas y el acceso al agua potable, el saneamiento y la vivienda. La pandemia es otro recordatorio de que tener suficientes alimentos en un sistema alimentario no protege a las personas del hambre.

El mayor impacto no sanitario de la pandemia ha sido el acceso a los alimentos, vinculado a la reducción de los ingresos, los rápidos cambios en la demanda, el endurecimiento de las fronteras y el cierre de negocios y mercados. Como resultado, las tasas de inseguridad alimentaria han aumentado.

La pandemia también ha puesto en evidencia las inequidades en salud asociadas con la inseguridad alimentaria. La creciente incidencia de comorbilidades como enfermedades respiratorias, diabetes y obesidad entre quienes padecen inseguridad alimentaria agrega otra capa de vulnerabilidad para quienes ya están pasando por dificultades.

La inseguridad alimentaria en un mundo con abundancia de alimentos es un indicador de inequidad e injusticia sistémicas: sabemos que en América del Norte, la inseguridad alimentaria es una experiencia desproporcionada que enfrentan las comunidades negras e indígenas y las personas de color, y estas mismas comunidades han experimentado incidencias desproporcionadamente altas de hospitalización y muerte por COVID-19. Debido a la coexistencia de la inseguridad alimentaria con otras condiciones de salud dañinas, las personas que padecen inseguridad alimentaria parecen tener un mayor riesgo de desarrollar síntomas más graves del virus. Esta enfermedad es una demostración concreta de cómo las vulnerabilidades de las inequidades sociales y de salud se refuerzan entre sí y socavan la seguridad de comunidades enteras.

En esta situación extraordinaria, donde las debilidades interconectadas de nuestros sistemas alimentarios, sociales y económicos han salido a flote, es evidente la importancia de los la obligación que tienen los gobiernos de proteger los derechos humanos y corregir las desigualdades sistémicas que se reflejan en la carga desigual de la inseguridad alimentaria, la subvaloración crónica de los trabajadores del sistema alimentario y los derechos y libertades limitados de los trabajadores alimentarios migrantes racializados. Estas acciones no solo implican justicia, sino que son necesarias para promover la resiliencia a los futuros choques del sistema.

En este sentido, este momento histórico es una oportunidad para pensar en cómo nosotros, como sociedades, podemos centrar la justicia y la equidad en los esfuerzos por reconstruir mejor. Si bien el sistema alimentario es nuestro punto de entrada para el análisis, las soluciones no pueden limitarse únicamente a los sistemas alimentarios.

Para prepararse mejor para futuras crisis es necesario aprovechar esta oportunidad para invertir en cambios estructurales que reduzcan las persistentes inequidades en el acceso a los alimentos debido a la pobreza, los servicios de salud, el trabajo digno y el bienestar general, especialmente para las comunidades racializadas y los migrantes. La recuperación de la pandemia no puede consistir únicamente en restaurar el status quo. Alimento Para Todos está convencido de que no sólo las inversiones públicas deben centrarse en reconstruir sistemas para defender los derechos humanos y proteger mejor a las personas que viven en la precariedad, sino el fomento de la colaboración entre todos los integrantes del sistema alimentario puede mitigar el hambre.